DESOBEDIENCIA FISCAL
UN ASUNTO CANDENTE

La desobediencia fiscal es el derecho fundamental de todo pueblo que, esforzándose para vivir de su trabajo, es castigado por una pésima legislación

1. Al filo del 190 aniversario de la Revolución de Mayo y al pie del histórico Cabildo, justo en el lugar donde se firmó el acta declarando nuestra voluntad de liberarnos del monopolio y voracidad fiscal de la Corona española, como respuesta a la presión social causada por las insensatas medidas fiscales del gobierno actual, frente a miles de trabajadores de ese mismo pueblo, ante el asombro de quienes no alcanzan a comprender la fuerza constructiva de esa declaración, el dirigente camionero Hugo Moyano reivindicó el derecho natural de un pueblo de hombres libres a desobedecer las leyes inmorales que expolian a los que trabajan, invierten, producen y consumen.
2. Las leyes a cuya desobediencia se convocaría son las que comenzaron a dictarse en 1930 por la dictadura que derrocó al Presidente Irigoyen.  Fueron las leyes responsables de haber parado en seco al rutilante progreso argentino.  Son las mismas que bajo distintos nombres siguen vigentes hasta la fecha.  Estas leyes son inmorales y contrarias a la Constitución Nacional porque castigan al que trabaja, invierte, produce y consume.
3. Las leyes de impuestos vigentes violan todos y cada unos de los derechos y garantías de la Constitución.  Han sumido en un caos financiero al Estado Nacional, han privado de vida propia a todas las provincias, han paralizado el proceso de poblamiento de nuestro desierto territorio, han provocado y siguen provocando la crónica ruina de la economía nacional.
4. Por causa de esa leyes el país argentino languidece como si sobre él pesara una maldición bíblica.  Las etapas, tantas veces repetidas de inflación-euforia-momentánea depresión-recesión siguen sin solución de continuidad.  ¿Se puede tener el tupé de decir que comete un delito quien convoca al pueblo contra leyes que conducen a la disolución de la patria?
5. Los que tienen el poder que les viene del pueblo, siempre tienen el mandato implícito de modificar leyes ruinosas para el pueblo que gobiernan.  Sin en lugar de avanzar en esa dirección, obcecadamente insisten en mantener su vigencia, incluso agravándolas en sus efectos, se convierten en los responsables de los disturbios que se pueden producir cada vez que el pueblo se ve obligado a movilizarse para recuperar sus naturales derechos conculcados.  El derecho a trabajar y a gozar del pleno fruto del trabajo, el es más natural de los derechos.  Contra ese derecho está el sistema fiscal actual.
6. Nadie puede ignorar el relevante papel del Estado para un buen orden social.  Menos aún se puede ignorar que ningún Estado puede funcionar sin dinero.  Esto está fuera de cuestión.  Solo aquellos que ignoran cuál es la natural fuente de recursos para solventar el gasto público, o sólo quienes prefieren hacer prevalecer sus privilegios sobre el bienestar general -- como ocurrió en los años 1930 -- pueden presentar a la declaración del gremialista Hugo Moyano como una absurda propuesta.  Lo que la declaración hace es poner sobre el tapete esta decisiva cuestión:  ¿De dónde deben fluir los recursos para el erario y quiénes son los que deben aportarlos de modo que se aliente la producción y el consumo?
7. La correcta respuesta, inspirados en la doctrina de Manuel Belgrano, ya la dieron en Argentina, entre otros, Nicolás Avellaneda (Estudios sobre las leyes de tierras públicas), y Roque Sáenz Peña (Proyecto de Reforma impositiva para la ciudad de Buenos Aires, 1914) y en el exterior, Henry George (Progreso y Pobreza).  Estos pensamiento inspiran los sistemas de recursos para el Estado que rigen en Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Dinamarca, y muchos de las ciudades y estados de los EE. UU.  La idea es sencilla: todo el mundo tiene derecho a usar la tierra que necesite, en el campo o en la ciudad.  Pero ella no es bien de renta sino instrumento de trabajo.  Todo aquel que goce de ese derecho debe pagar un tanto por ciento de su valor real.
8. Digamos, a modo de ejemplo, que el Centro de Estudios Bonaerenses (Clarín Económico, 28/05/2000, pág.; 44) acaba de informar que la superficie de la Capital, sin considerar las mejoras, vale 111.477 millones de dólares.  Se puede estimar, en grueso, que más de la mitad está en comercio, ocupada por particulares.  Esa mitad costaría según esa cifra unos 55.800 millones.  Si se recaudara un porcentaje anual del 5%, se obtendría más de lo que necesita el presupuesto porteño: 2.786 millones.  Lo que se paga por este concepto no es impuesto:  es la cuota debida por el uso del suelo.  Este sistema obliga a eliminar los impuestos por un monto equivalente, o sea los actuales castigos que caen sobre el trabajo, el comercio, la industria, la construcción y el consumo.  Al Estado nada le faltaría y el "boom" económico sería inevitable.
9. El ICE ha estudiado el pésimo sistema de recursos que ahora rige y viene estudiando su eliminación para sustituirlo por otro que no sea vejatorio de la producción y el consumo.  Por el contrario que aliente ambas actividades que son el alma de la economía y la base del bienestar del pueblo.  Desde esta perspectiva aplaude la valiente declaración del gremialista Hugo Moyano e insta a toda la ciudadanía a interiorizarse en este tema por ser crucial para el destino de la Argentina.