Reflexiones para un buen gobierno

Una semana violenta por un violento sistema

Esta semana ha sido pródiga en hechos sociales dignos de movilizar la reflexión de los legisladores.

Tres hechos sociales, en apariencia independientes, ocurridos en nuestra ciudad en una semana, invitan a reflexionar sobre una legislación básica que podría ser, de manera remota o lejana, principal causa de todos ellos. Se trata de los siguientes hechos:

El revalúo de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires;
El desalojo compulsivo de 500 personas de terrenos fiscales en el bajo Flores y
La celebración del triunfo de la selección argentina en la Plaza de la República.

Para dar paso a la reflexión sostengo tres hipótesis de trabajo:

Que cada uno de los tres casos es un enfrentamiento entre el gobierno y la sociedad civil y en dos de ellos hay una actitud agresiva del Estado contra la gente.
Que esa relación entre gobierno y sociedad revela un estado de desorden social.
Que el sistema de contribución inmobiliaria vigente es causa principal de ese desorden social.

Permítaseme presentar los tres hechos en orden inverso a su aparición.

La celebración en el Obelisco: Miles de argentinos se reunieron en todas las plazas del país; pero la reunión mayor fue en la plaza de la República. La jornada tuvo tres momentos:
1. Dos horas de dramática tensión de la gente codo a codo enrolada en una "causa nacional";
2. Media hora de júbilo después de la victoria de nuestra selección y
3. Cuatro horas de batalla campal entre gente común y las fuerzas de seguridad. El hecho fue tan insólito como inesperado. No recibió explicación inmediata de los medios de prensa. Los que estaban en el lugar trataban de eludir la pedrea. Los que hablaban en la pantalla de TV solo atinaban a lamentar la presencia de "los violentos de siempre", dedicados a "empañar" las fiestas de la "gente buena". La prensa escrita repitió, al día siguiente, más o menos lo mismo, llamando "vándalos" a los "violentos de siempre". No se trata de un hecho menor. El partido Argentina/Inglaterra posibilitó ver (como en muchas otras ocasiones) el grado de emoción que siente todo argentino por ser argentino. Sentido de pertenencia y hermandad, fundamental para que exista una nación. Sin esta base no hay nación, ni patria, ni siquiera comunidad social. De ella nace la solidaridad vista durante las inundaciones. Ahora bien: ¿Cómo explicar que treinta minutos después, "hermanos tan unidos" libraran salvajemente una batalla campal por más de cuatro horas? Ignoramos el detalle del origen, pero está claro que la gresca se propagó como el fuego sobre pasto seco. Unos pocos empezaron, pero muchísimos se sumaron. Igualmente quedó claro que la batalla se libró entre gente de pueblo y policías del gobierno. Fue un enfrentamiento violento entre gente común y la autoridad policial. Entre miembros de la sociedad civil y los representantes del Estado político.
El desalojo de 500 personas. Días antes de la celebración, en otro escenario y por otros motivos, se enfrentaron iguales actores sociales. En el amanecer del 29 de junio, unas 500 personas ocuparon terrenos baldíos de la municipalidad. Un solar de 90.000 m², abandonado, sucio, sin utilidad ni provecho para nadie. Según el Defensor del Pueblo, escribano Cartagná, presente en el procedimiento, la ocupación no respondió a plan alguno. Así como la gente se reunió en el Obelisco, sin plan se abalanzó sobre esas tierras yermas, como los "hambrientos sobre una mesa suculenta", en palabras del Defensor. ¿De donde provenían? De todas partes: de otras villas, donde ya no caben, de conventillos y "hoteles", donde los alquileres superan sus ingresos, de los umbrales y plazas. "La Ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna" y "auspicia la incorporación de los inmuebles ociosos" estauye la Constitución local (Art. 31). Pero el gobierno mostró otra cara de la ley: "A las 16:50 el jefe de la comisaría 38º les dio diez minutos a los ocupantes para que dejaran libre el lugar. Muchos levantaron las maderas, los cartones y el pedazo de nailon con el que habían levantado las precarias construcciones. Pero otros se quedaron reunidos en grupos apretados, decididos a resistir ... A las 17 una línea de agentes de Infantería con escudos, palos y pistolas lanza gases hicieron una barrida del terreno. Patearon las construcciones y arrancaron los postes que marcaban las parcelas" y aunque sin excesiva violencia "se llevaron a algunos arrastrándolos por el suelo y agarrados de los pelos" (Clarín, jun/30/98, Pág. 40). ¿Cuántos de los 500 echados o sus hermanos estaban en el Obelisco al día siguiente para vivir una emoción argentina? ¿Estaría entre ellos la chispa que encendió la ocasional pradera?
Revalúo inmobiliario. Según fuentes del Gobierno porteño, hay solo un total de 61 amparos judiciales en trámite sobre los 240.000 casos de vecinos morosos con el avalúo inmobiliario. Asi presentada la cosa, la queja popular no parece importante. Sin embargo es un hecho social de enorme magnitud. En palabras del mismo "gobierno de la Ciudad de los 1.570.000 inmuebles empadronados, solamente 780.000 pagan impuestos, habiéndose detectado 550.000 casos de cambios de avalúos ... lo que representa más de 400 millones de pesos de deuda a favor de la ciudad"(Clarín, 26/Jun/98, Pág. 49). En favor del gobierno y en contra de la gente, de cuyos bolsillos sale la plata. Para colmo es una deuda dibujada retroactivamente, de muy dudosa legitimidad, como lo sentenciaron varios jueces de primera instancia. La gente común no está en condiciones de pagar abogados y, a lo sumo, cuando puede, llena de angustia, hace largas colas tratando de obtener un "plan de pagos". Se trata de una franca ofensiva fiscal contra la gente. En este caso propietaria de departamentos, casas y edificios. Juan Manuel Pano (tributarista), Gabriel Gallego (constitucionalista) e Iris Amazi (abogada de ADELCO), sostienen que la pretensión es ilegal (La Prensa, 26/jun/98, Pág. 19). Pero nada conmueve a los soldados de la ley del gobierno de la ciudad cuando de cobrar se trata. "Lo único que estamos haciendo es aplicar la ordenanza fiscal de 1991" sostiene Oscar Sereno como único argumento. Entrevistado por el suscrito (01/Jul/98, Radio Latinoamericana) no pudo dar ningún fundamento moral y económico en favor de esa ordenanza. Ella vale solo por la fuerza. Se ha perdido el sentido necesario para distinguir entre la ley y el derecho. Sin ese sentido la ley puede ser aberrante. Entonces la violencia germina en los corazones de la gente como inevitable reacción por la violencia de la ley.

Tres hechos independientes pero vinculados por rasgos en común: la violencia que cada uno exhibe; una relación de fuerza del poder político contra la gente y, finalmente, una secuencia, que inversamente observada, permite conjeturar que esa beligerante relación y el incremento de la violencia tienen origen, en gran medida, en un absurdo sistema de contribución territorial.

El aberrante sistema de contribución inmobiliaria.

La contribución inmobiliaria actual se calcula sobre la base de dos valores ficticios: el valor del terreno y el valor de la mejora construida sobre el predio. A esos valores arbitrarios se los multiplica por un tanto por mil, también arbitrario, y la suma de ambos productos es la deuda del contribuyente. Ninguno de los dos valores es valor de mercado; pero, en todo caso, al edificio se lo valora decenas de veces más que al terreno. Esto es más patente cuanto más nuevo y de mejor calidad es el edificio, a resulta de lo cual, cuánto mejor y más moderna sea la construcción, más pagará el contribuyente. Los "mandamientos" de este sistema dicen así: "Construye y pagarás. Mejora lo viejo y pagarás. Construye de mejor calidad y pagarás mucho más. Echa abajo lo construido y pagarás menos. No construyas nada y nada pagarás". ¿Si esto no es un castigo a la construcción, qué cosa es?
Tomar a lo construido como principal hecho imponible, obliga al gobierno a espiar a los ciudadanos. Cargar al propietario con la obligación de declarar las mejoras, es obligarlo a meter la cabeza en la guillotina. ¿Cómo asombrarse que la mentira, la corrupción y la evasión sean efectos naturales del sistema? Dados estos inevitables efectos, el gobierno tiene que montar una organización de espionaje que no respeta la relación costos/beneficios. Al adoptar el método declarativo se llega al disparate de contratar empresas para fotografiar toda la ciudad, de alto costo y pobre resultado.
Los datos son "a ojito" (¿cómo fotografiar el interior del edificio?). Esto explica que los contribuyentes sean víctimas de cálculos disparatados. El Dr. Peña, ex-funcionario de la DGI, lo denunció de este modo: "Todo esto es una aberración. Una baulera que a lo sumo puede valer 3000 pesos ha sido tasada en 25.201 pesos" (Clarín, 01/07/98, Pág. 42). Pero el emplazamiento a pagar no se detiene por ser aberrante.
Lo peor es que el sistema alienta la especulación, provocando mayor escasez de espacio y falso aumento del valor del suelo. ¿Cómo asombrarse entonces que junto a los baldíos, casas tapiadas en lo mejor de la ciudad, haya miles de villas miserias, cerca de 500.000 personas en conventillos y hospedajes y otros cientos de miles durmiendo en umbrales? Ahí tiene el lector, a la fábrica de "vándalos" que, insólitamente, emergen en la ilustrada Reina del Plata.

Frente a situación semejante no es poca la
responsabilidad de los legisladores porteños.

Dr. Héctor Raúl Sandler, Director
Buenos Aires, julio 2 de 1998