Reflexiones para un buen gobierno

¿Argentina ante una situación límite?

No es nuestra intención dramatizar el estado actual de relaciones existentes en nuestra sociedad y en el aparato del Estado. Sin embargo quienes hemos vivido etapas incuestionablemente dramáticas, que desatendidas o mal atendidas, se convirtieron en trágicas para muchos, tenemos una especial sensibilidad para registrar hechos que pueden conducir al país hacia una situación límite. Esto es, una situación en la que los particulares y los responsables de las instituciones públicas se sienten ganados por un cansancio espiritual tan extremo, que bajan los brazos. Se sienten agobiados por hechos moralmente reprochables y materialmente insufribles. Pero en especial por la demoledora sensación de que la verdad - en todos los terrenos - es algo inalcanzable. Cuando tal clima impera, gobernantes y gobernados tienden a rendirse a la incontrolable fuerza de las cosas, con la falsa esperanza que ella cambie la situación y que tras este cambio se solucionen, como por arte de magia, la miríada de problemas individuales y colectivos. "Cuando todas la ranas croan, se les tira un palo y lo declaran rey", enseñaba el viejo Esopo.

En dos áreas de la realidad social sobresalen indicadores de nuestro rodar hacia una situación límite: el estado de la moral social y la situación económica (en este caso, tanto la del Estado y como la de millones individuos). Respecto de la situación moral, basta con mencionar la creciente corrupción - real o mediática - y la falta absoluta de una punición jurídica que refuerce la confianza en el orden institucional. Esta realidad se puede leer en los resultados de un reciente sondeo de opinión (Clarín, jun.8/98, p.5). La opinión pública tiene un pobrísima imagen de los legisladores, de los partidos políticos, del poder judicial, de las fuerzas armadas, los dirigentes políticos y sociales, de la policía y de muchas otras agencias o poderes del Estado. ¿Qué firmeza puede tener una democracia cuando su base - la gente - tiene tan pobre opinión de instituciones que son esenciales para que ella exista y funcione como un orden de vida real? Las elecciones mismas dejan de ser su nervio para convertirse en un acto ritual para unos y en un negocio para otros.

En la situación ecónomica hay, al menos, dos señales alarmantes. Una, la masa critica de pobres por debajo de la llamada línea de pobreza. La Iglesia acaba de prevenir sobre el peligro de este hecho, considerándolo fuente de violencia incontrolable (Clarín, Jun. 7/98). ¿Es posible pensar de otro modo con 9 millones de personas por debajo de ese nivel? ¿Es posible sostener la bondad de la democracia con un población en la que en el sector de más bajos ingresos, una de cada 4 personas no puede encontrar trabajo? ¿Cual es el ánimo de quienes cada año pretenden entrar en la vida adulta - los jóvenes - cuando rebotan contra un muro laboral tan impenetrable? Es patente que la economía social argentina no es un orden abierto. Y no lo es porque es imposible establecer una economía de mercado competitivo (decisión correcta) sin asegurar el libre acceso a la primordial fuente de trabajo: el suelo. La tierra urbana y rural no es un factor de producción, es un instrumento de lucro. G. Soros compró en Puerto Madero 5000 m² por 5 millones de dólares y los vendió tres meses después en 9 millones (May/98) ¿Que otra empresa - sin hacer nada - gana el 80% de su inversión en 2 meses? La tierra en la Argentina no es un factor de producción; es objeto de especulación. Así lo determina el actual sistema de impuestos [1].

En cuanto a la economía pública los datos son igualmente alarmantes. El Estado vive en situación de quiebra. Lo prueba sin discusión el endeudamiento interno y externo creciente. La deuda externa se ha duplicado en la última decada, a pesar de la renegociación Brady y la masiva privatización. Hoy sobrepasa los 100 mil millones de dólares. ¿Acaso el Estado no se ocupa de obtener fondos (como corresponde) de la economía social? Claro que lo intenta. Pero mediante un sistema tan obtuso que sus mejores resultados son:

1. una evasión cercana al 50%;
2. un 50% de trabajadores en negro (¿con que se pagarán las jubilaciones futuras?;
3. decenas de miles de empresas clausuradas;
4. miles de procesos judiciales y, lo peor,
5. la propagada convicción por las propias autoridades que los argentinos somos un hato de delincuentes.

Para quien quiera ver, sólo una cosa se ve: que el actual sistema de impuestos empobrece a la gente, paraliza a la economía social,, degrada a los individuos, castiga al trabajador, al productor y al consumidor y - para colmo - hace del Estado una organización menesterosa e incapaz. Como toda organización en quiebra solo sirve a los que sin escrúpulos se aprovechan de ella para lucrar en su propio beneficio. ¡Adiós al bien común!

Los legisladores son los responsables del mantenimiento o del cambio de ese deletéreo sistema. Hoy se encuentran en un callejón sin salida. Basta leer el artículo "El paquete fiscal, cada vez más condicionado" (La Nación, 2a. Sección, Jun/6/98) para verificarlo. O pensar seriamente en los nuevos inventos: crear un impuesto del 1% a los automotores para pagar magros aumentos a los maestros o vedar la venta de autos con motores diesel (!). ¿Porque tanto disparate? Porque el sistema de impuestos vigente es disparatado y toda reforma que lo acepte como básico lleva a nuevos dislates. Cualquiera de las reformas propuestas agrava los males existentes ("mejor no hacer nada", acaba de aconsejar un acreditado economista), pues cualquiera de ellas afirma al sistema vigente, enemigo confeso del trabajo, la inversión y el consumo. Por lo tanto sea cual fuere la retórica usada, contribuyen a arruinar aún más la economía social y pública, a minar la fe en el país y a desvalorizar la democracia, el derecho y la justicia.

El Instituto de Capacitación Económica viene denunciando al actual sistema desde su fundación (1986). Ha estudiado varios sistemas vigentes en el mundo y puede probar la existencia de otros sistemas, compatibles con la democracia, la economía de mercado, la libertad individual y la justicia social. Solo aspira poner a disposición de los legisladores esos conocimientos, para que en lugar de correr el riesgo de una recaída de nuestra patria en una situación límite, más allá de las diferencias partidarias, el Congreso establezca un sistema de recursos públicos que permita concretar los diversos y aparentes contradictorios objetivos del inciso 19 del artículo 75 de la Constitución Nacional.

Héctor Raúl Sandler, Director
Buenos Aires, Junio 9 de 1998.

[1] Tengo en mi poder un estudio técnico el cual atribuye al suelo "libre de mejoras" útil de la Capital (fuera calles, plazas, etc.) un valor de 110.000 millones de dólares (a julio/98). Si se aplicara un sistema parecido al vigente en varias ciudades de Pennsylvania (USA) y del Canadá (inglés), y se cobrara un módico 5% al valor del suelo, se recaudarían en esta ciudad 5.500 millones (2/3 mas que el prespuesto actual), al mismo tiempo que se PODRÍAN ELIMINAR TODOS LOS IMPUESTOS LOCALES Y NACIONALES recibidos por coparticipación. Me es casi imposible imaginar la "revolución productiva" que se produciría. [Retornar]