Reflexiones para un buen gobierno

La desocupación frustra la democracia

La Legislatura porteña acaba de sufrir un grave tropiezo al dar su primer paso para organizarse de manera limpia, racional y transparente. El tropezón ha generado problemas internos y puesto a la flamante institución en riesgo de entrar en un berenjenal sin salida. Es significativo que la decisión racional de dotar al nuevo parlamento porteño con empleados capaces y en número proporciónado a sus necesidades, no fuera objetada al ser tomada. ¿Cómo oponerse a forjar una institución eficaz, poco onerosa y libre de los males del clientelismo y amiguismo político? ¿Acaso no se eliminó al antiguo Consejo Deliberante por incurrir en esos males?

El tropezón no se notó al decidir. Se hizo presente cuando la racional medida se aplicó a la realidad. El primer sacudón fue la presentación de 50.000 ciudadanos para disputar por 500 puestos de trabajo. El segundo, mucho más contundente, fue la cesantía de 880 empleados. Casi un millar de personas en la calle. A partir de ahí, la realidad volvió por sus fueros e hizo pensar que aquello de que "todo lo real es racional" puede ser verdad, a partir de lo cual, decisiones tenidas por correctas pasan a ser actos tenidos por irracionales. Un embrollo teórico y un problema político.

Los actos de gobierno que son el principio de una gran confusión prueban que sus autores padecen alguna confusión de principios. Así está ocurriendo en este caso. Sin embargo los legisladores pueden, por el momento, ser eximidos de culpa, porque la sociedad argentina padece, casi sin excepción, la misma confusión de principios que provoca problemas semejantes.

El problema generado por la acertada decisión de la Legislatura se produjo por la enorme desocupación que padece el país. De hecho hay carencia de puestos de trabajo. El índice de desocupación de dos dígitos así lo indican. ¿Porque entonces se tomó una medida que incrementa la desocupación? Porque las explicaciones teóricas dominantes sobre las causas del desempleo son erróneas y diluyen la responsabilidad que todo ciudadano tiene en conocer las verdaderas, si quiere que la democracia funcione.

No hay una sino varias. Algunas con mas granos de verdad, pero todas básicamente falsas. Entre los técnicos en economía, la principal es la falta de inversión de capitales y lo aceptan una buena cantidad de dirigentes políticos y sociales. La responsabilidad recaería sobre el gobierno nacional que no asegura esa inversión e incluso sobre los empresarios renuentes a invertir. Para otros es la rigidez de las leyes laborales; son los que procuran su flexibilización y hacen recaer la responsabilidad en el Congreso Nacional. Están quienes sostienen que no faltan puestos de trabajo, sino que sobran trabajadores ignorantes o incapaces. Ven la solución en la educación y la responsabilidad en el propio analfabeto que no se cultiva. Y finalmente, los más duros, sostienen que la raíz está en la innata vagancia de la mayoría de los argentinos: no trabaja el que no quiere, con lo cual la responsabilidad es del desocupado. Todas estas explicaciones aminoran la responsabilidad individual de aquellos que tienen el deber moral, y en ocasiones político, al decidir problemas que afectan a los ciudadanos que viven de su trabajo. Ninguna presta la más mínima atención a las exigencias de la moral y la economía.

Es norma moral que cada hombre debe vivir del producto de su trabajo y que la solidaridad - de la familia o de la sociedad - debe asistir a aquellos que por edad o algún impedimento no pueden trabajar. Pero se ha dejado a la ciencia económica oficial que diga cómo se puede cumplir con esa obligación moral. Y esta ciencia, no importa la etiqueta, no acierta a describir la condición necesaria para que todos puedan trabajar. No dice que la producción es la aplicación del trabajo humano, con el auxilio del capital, a la tierra. No dice que los recursos naturales son el yunque en que los hombres pueden aplicar su fuerza de trabajo - directa o indirectamente - para producir las cosas que satisfacen sus necesidades. Tampoco dice que el precio de la tierra no es riqueza.

Falla también la ciencia jurídica oficial al no destacar, categóricamente, que el precio de la tierra es un valor obligacional. Una deuda que tiene el ocupante para con la sociedad y - a la recíproca - el crédito que la sociedad tiene contra los ocupantes del suelo. Que este crédito es la fuente primera de los recursos del gobierno y que, por lo tanto, los impuestos (al trabajo, a la inversión, a la ganancia y al consumo) son todos actos aunque legales, ilegítimos, pues quitan a los particulares lo que es de su exclusiva propiedad privada. No denuncia que esta expropiación ilegítima se debe a la incuria de los gobiernos en recaudar la renta fundiaria, es decir en hacer pagar sus deudas a los ocupantes de los terrenos. Y por último, nadie advierte a la gente que la desidia gubernamental en recaudar la renta del suelo y la autoritaria expoliación impositiva, son la causa de la desocupación crónica y el pauperismo social.


Dr. Héctor Raúl Sandler, Director
Buenos Aires, 1998