Artículo escrito por el Dr. Héctor R. Sandler y
publicado por el diario La Nación en la columna "Si yo
fuera presidente" de la edición del 12/Feb/99.
El orden social argentino se ha vuelto tan complejo que sería imposible
hacer un catálogo de los padecimientos a los que debe responder el
gobierno y sufren los miembros de nuestra sociedad.
Padecimiento
no es lo mismo que
problema. Nuestro primordial padecimiento,
fuente de muchos otros, radica en
no haber conceptualizado en forma de
problema la causa principal de nuestros males sociales. En medicina
equivale a error de diagnóstico, y como en la ciencia de curar, los
sucesivos remedios aplicados a partir del error agravan y complican el cuadro
del enfermo.
Desde el punto de vista del gobierno, elegida con sensatez la vía
de la estabilidad monetaria, el problema es la
insuficiencia de recursos
fiscales para solventar la administración pública y
ejecutar políticas sociales de urgente necesidad. El
gasto
necesario, aun magro, excede con creces los ingresos. Este
crónico déficit lleva a remediarlo con
políticas de
ajuste y de racionalización del gasto. Este último remedio,
sin duda mejor, de hecho es de difícil aplicación. Además
se contrapone con la demandas, no menos justa, reclamando un mayor gasto en
políticas sociales: educación, salud, seguridad. Si no
¿para que sirve la democracia? Por aquella imposibilidad más
estas demandas creciente s, habiendo abandonado el gobierno, ¡Gracias
a Dios!, el
recurso inflacionario, los responsables sólo
atinan a
aumentar los impuestos existentes, a crear otros nuevos
cada vez más arbitrarios y, como, pese a todo, el déficit
subsiste, a
pedir prestado, por lo que hay que destinar la mayor
parte de los ingresos a servir a la deuda cada vez mayor. Es un camino tan
viejo como pésimo.
Desde el punto de vista de las empresas, establecido para la
economía social, felizmente, un orden de mercado, su problema principal
consiste en sus altos costos de producción. El mercado interno es muy
pequeño, concentrado y deformado. Se limita a la Capital
(¡con 15.600 h/km2! y a algunas pocas ciudades. El resto del país (2.700.000 km2) permanece
despoblado con menos de 6 h/km2. Una tan escasa población, tan mal
distribuida, no conforma un mercado para producir en escala. Responsabilizar
el alto costo de producción a la mala organización empresaria,
manipuleos sindicales y falta de tecnología (cosas reales) es un
pensamiento corriente pero superficial. Las falencias del mercado interno
pone a las empresas nacionales ante
tres opciones legales:
cancelar su giro, cerrando o vendiéndola a una multinacional;, exportar
bajo protección gubernamental (sistemas similares al MERCOSUR) o
conseguir una posición monopólica desde la cual exprimir el
bolsillo de los consumidores, pues no les cobran el precio
dado
por el mercado sino el
fijado por la empresa (costos de
producción más la ganancia, la merezca o no). Una buena parte
de los costos de producción (a veces el 50%) son impuestos a favor del
Estado). Por ello, una cuarta vía de salvación empresaria, ilegal
pero efectiva, es la
evasión impositiva.
La condición del mercado de consumo interno, formado por quienes
viven de
ingresos personales (salarios, honorarios, intereses, etc),
es miserable. Dos tercios o más de la población tienen ingresos
por debajo de sus necesidades y una buena franja no tiene ninguno (3 millones
de desocupados). El sistema de impuestos está diseñado para
rebajarlos aún más. Los principales gravámenes son a las
ganancias, a los ingresos brutos y al consumo (IVA). La
evasión,
ilegal por cierto,
es de hecho la principal defensa del que vive de sus
ingresos personales. La desocupación crónica achica
aún más el poder adquisitivo del mercado interno.
Estamos frente a un orden económico paradójico.
Por la Constitución (y políticas asumidas desde 1991), se busca
constituir un
orden económico social activado y sostenido por la
libertad de producción y consumo, lo que exige la plena
intangibilidad de
la propiedad de lo que cada uno produce.
Las leyes debieran, en consecuencia, facilitar la libre iniciativa, castigar
a quien la entorpezca y eliminar las trabas a su ejercicio. Hay muchas dictadas
en esa dirección. Sin embargo, las fundamentales,
las leyes de
impuestos, base de la
economía pública
y cuya prosperidad depende de la
economía social
(productores y consumidores)
sin excepción castigan la libre
iniciativa, se apropian del fruto del trabajo individual y ponen trabas al
quehacer económico. No importan los argumentos retóricos
de quienes las dictan, Lo que importa son sus efectos. Por estas
leyes el Estado es quien genera el principal problema que lo aflige (el
déficit) y quien destruye la economía social.
Por lo tanto si yo fuera presidente comenzaría por poner fin
a tan absurda contradicción entre el orden económico social y
el público. Propondría leyes generadoras de recursos del Estado
compatibles con todos los principios de la Constitución a la vez que
derogaría progesivamente las actuales leyes de impuestos.
Tomaría como ejemplo la legislación de Canadá, Australia,
Nueva Zelandia, Dinamarca y del estado de Pennsylvania (Norteamérica),
fundándome en el pensamiento de Nicolás Avellaneda y
orientándome por el proyecto de ley de impuestos del Presidente Roque
Sáenz Peña presentado al Congreso poco antes de su muerte.
