ICE INSTITUTO DE
CAPACITACIÓN ECONÓMICA

Necesitamos impuestos favorables a la producción y el consumo

Artículo escrito por el Dr. Héctor R. Sandler y
publicado por el diario La Nación en la columna "Si yo fuera presidente" de la edición del 12/Feb/99.


El orden social argentino se ha vuelto tan complejo que sería imposible hacer un catálogo de los padecimientos a los que debe responder el gobierno y sufren los miembros de nuestra sociedad. Padecimiento no es lo mismo que problema. Nuestro primordial padecimiento, fuente de muchos otros, radica en no haber conceptualizado en forma de problema la causa principal de nuestros males sociales. En medicina equivale a error de diagnóstico, y como en la ciencia de curar, los sucesivos remedios aplicados a partir del error agravan y complican el cuadro del enfermo.

Desde el punto de vista del gobierno, elegida con sensatez la vía de la estabilidad monetaria, el problema es la insuficiencia de recursos fiscales para solventar la administración pública y ejecutar políticas sociales de urgente necesidad. El gasto necesario, aun magro, excede con creces los ingresos. Este crónico déficit lleva a remediarlo con políticas de ajuste y de racionalización del gasto. Este último remedio, sin duda mejor, de hecho es de difícil aplicación. Además se contrapone con la demandas, no menos justa, reclamando un mayor gasto en políticas sociales: educación, salud, seguridad. Si no ¿para que sirve la democracia? Por aquella imposibilidad más estas demandas creciente s, habiendo abandonado el gobierno, ¡Gracias a Dios!, el recurso inflacionario, los responsables sólo atinan a aumentar los impuestos existentes, a crear otros nuevos cada vez más arbitrarios y, como, pese a todo, el déficit subsiste, a pedir prestado, por lo que hay que destinar la mayor parte de los ingresos a servir a la deuda cada vez mayor. Es un camino tan viejo como pésimo.

Desde el punto de vista de las empresas, establecido para la economía social, felizmente, un orden de mercado, su problema principal consiste en sus altos costos de producción. El mercado interno es muy pequeño, concentrado y deformado. Se limita a la Capital (¡con 15.600 h/km2! y a algunas pocas ciudades. El resto del país (2.700.000 km2) permanece despoblado con menos de 6 h/km2. Una tan escasa población, tan mal distribuida, no conforma un mercado para producir en escala. Responsabilizar el alto costo de producción a la mala organización empresaria, manipuleos sindicales y falta de tecnología (cosas reales) es un pensamiento corriente pero superficial. Las falencias del mercado interno pone a las empresas nacionales ante tres opciones legales: cancelar su giro, cerrando o vendiéndola a una multinacional;, exportar bajo protección gubernamental (sistemas similares al MERCOSUR) o conseguir una posición monopólica desde la cual exprimir el bolsillo de los consumidores, pues no les cobran el precio dado por el mercado sino el fijado por la empresa (costos de producción más la ganancia, la merezca o no). Una buena parte de los costos de producción (a veces el 50%) son impuestos a favor del Estado). Por ello, una cuarta vía de salvación empresaria, ilegal pero efectiva, es la evasión impositiva.

La condición del mercado de consumo interno, formado por quienes viven de ingresos personales (salarios, honorarios, intereses, etc), es miserable. Dos tercios o más de la población tienen ingresos por debajo de sus necesidades y una buena franja no tiene ninguno (3 millones de desocupados). El sistema de impuestos está diseñado para rebajarlos aún más. Los principales gravámenes son a las ganancias, a los ingresos brutos y al consumo (IVA). La evasión, ilegal por cierto, es de hecho la principal defensa del que vive de sus ingresos personales. La desocupación crónica achica aún más el poder adquisitivo del mercado interno.

Estamos frente a un orden económico paradójico. Por la Constitución (y políticas asumidas desde 1991), se busca constituir un orden económico social activado y sostenido por la libertad de producción y consumo, lo que exige la plena intangibilidad de la propiedad de lo que cada uno produce. Las leyes debieran, en consecuencia, facilitar la libre iniciativa, castigar a quien la entorpezca y eliminar las trabas a su ejercicio. Hay muchas dictadas en esa dirección. Sin embargo, las fundamentales, las leyes de impuestos, base de la economía pública y cuya prosperidad depende de la economía social (productores y consumidores) sin excepción castigan la libre iniciativa, se apropian del fruto del trabajo individual y ponen trabas al quehacer económico. No importan los argumentos retóricos de quienes las dictan, Lo que importa son sus efectos. Por estas leyes el Estado es quien genera el principal problema que lo aflige (el déficit) y quien destruye la economía social.

Por lo tanto si yo fuera presidente comenzaría por poner fin a tan absurda contradicción entre el orden económico social y el público. Propondría leyes generadoras de recursos del Estado compatibles con todos los principios de la Constitución a la vez que derogaría progesivamente las actuales leyes de impuestos. Tomaría como ejemplo la legislación de Canadá, Australia, Nueva Zelandia, Dinamarca y del estado de Pennsylvania (Norteamérica), fundándome en el pensamiento de Nicolás Avellaneda y orientándome por el proyecto de ley de impuestos del Presidente Roque Sáenz Peña presentado al Congreso poco antes de su muerte.

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