Una reforma tributaria para lograr
prosperidad económica con justicia social
El mito de hoy: globalización
Crisis mundial y
globalización son
palabras muy usadas desde hace un par de años por analistas,
políticos y gobernantes para explicar padecimientos sociales tales
como recesión, paro forzoso, quiebras de miles de pymes, bajos
ingresos de los trabajadores asalariados, fuga de capitales,
desmoronamiento de los mercados, brecha entre muy ricos y muy pobres, etc.
Dos cosas se deben decir:
- Que no es verdad que la crisis sea mundial. ¿Se la sufre en
Dinamarca, Nueva Zelandia o Canadá? ... por dar algún
ejemplo ¿Los efectos de la globalización son idénticos
en todos los países? Por cierto que no. Ambas consideraciones dicen
a las claras que los males económicos y sociales no son, en sentido
estricto, mundiales (como lo es la salida diaria del Sol). Es necesario
hacer este planteo para evitar caer en el lugar común de prestar
máxima atención a factores externos (sobre los que no
tenemos mando) y pasar por alto fallas internas (las que sí
quizá podemos remediar, si las conocemos).
- Avala nuestra presunción que la globalización, aparte
de lo que tenga de real, es un recurso para eludir responsabilidades, el
hecho que muchos otros males que padecemos son muy anteriores a ella.
Sobresalen entre estas fallas la falta de más de 9.000 viviendas
decentes; la presencia de más de 150.000 personas sin techo
(homeless o carenciados) y 16.000 villas de emergencia, sólo en
Buenos Aires y alrededores; la insuficiente infraestructura social
(caminos, puertos, ferrocarriles, escuelas, hospitales, etc.);
déficit fiscal crónico; creciente endeudamiento del Estado
y de las empresas privadas, salvo las monopólicas; falta de
oportunidades para aplicar su capacidad de trabajo quienes deben vivir
de él, en especial las nuevas generaciones (unos nuevos 300.000
jóvenes por año); contar con un territorio de excelentes
condiciones físicas y climáticas para habitar y trabajar
y que, sin embargo, permanece tan vacío como hace cien años,
con el agravante de haber cesado como país de inmigración
para pasar a ser (desde los 1950) un país de emigración
(a la fecha la cifra de los argentinos emigrados para ganarse la vida
llega a 3 millones: J. C. Zuccotti, La emigración argentina a
partir de 1950); exhibir la peor distribución demográfica
del mundo, pues por kilómetro cuadrado tenemos las más
absurdas densidades: 15.000 personas en la Capital y 4.000 en el
cinturón bonaerense, mientras en el resto del país la
media no llega a 6, aclarando que en el Sur (o sea en la mitad del
territorio nacional) en cada kilómetro cuadrado (1Km² = 100
hectáreas) hay menos de 2 personas. Piense el lector que Francia
entera, con 51 millones de habitantes, cabe en las provincias de Chubut
y Santa Cruz; que la densidad media en Europa es de 120 h/Km²., lo
que significa que disponiendo de 2 millones y medio de kilómetros
cuadrados, estamos en condiciones de tener una población potencial
de más de 300 millones y apenas somos 36. ¿Se deben estos
fenómenos a la globalización? ¿Es culpa de las
reformas hechas a partir de 1991 que haya mas santiagueños en
Buenos Aires que en Santiago? ¿Se debe al "efecto tequila",
al "efecto arroz " o a las "crisis asiáticas"
que cada noche duerman en la vía pública más de
"2.000 niños de la calle", y que muchos otros miles
subsistan gracias a pobres refugios mantenidos por la caridad de gente
humilde? El tango "Chiqulín de Bachín" de fecha
muy anterior a la globalización y las crisis, es revelador de un
desorden en los fundamentos mismos de la sociedad argentina.
Globalización y crisis mundiales son
palabras ambiguas que refieren múltiples fenómenos que
merecen ser estudiados. Pero también son recursos discursivos que
apartan la observación del intelectual, el político y el
ciudadano del sitio hacia donde debe estar dirigida.
El problema de los legisladores
Se supone la que ley coactiva es uno de los mejores instrumentos para
ordenar la sociedad y mejorar el orden existente y con esto la calidad
de vida de los habitantes. Parece cosa fácil lograr el consenso
legislativo en leyes que se limitan a consagrar grandes propósitos,
a los que solo un enfermo moral o un hipócrita podría
oponerse. Ejemplo de ello son los objetos generales que propone el
Preámbulo de la Constitución Nacional y los
mojones llamados
Derechos y Garantías. La cosa es
más peliaguda cuando se trata de legislar creando los
medios
legales para alcanzar aquellos magníficos objetivos respetando
estos
mojones constitucionales. Y llega a ser un duro reto
a la inteligencia cuando la Constitución manda dictar leyes cuyo
contenido parece ser, a primera vista para muchos, contradictorios e
incluso excluyentes. Un ejemplo es la cláusula de
nuevo
progreso aprobada en la asamblea constituyente de 1994
(inciso
19 del Art. 75). Allí se dispone, entre otras cosas, que
corresponde al Congreso ...
"proveer lo conducente al desarrollo
humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad
de la economía nacional, a la generación de empleo y la
defensa del valor de la moneda". Aquí ya no basta con
la voluntad política, como suele decirse. Es necesario contar
con una teoría económica social basada en
fundamentos
correctos.
De hecho leyes dictadas a partir de 1991 han logrado concretar algunos
de los objetivos del
inciso 19, como defender el valor de la moneda
mediante el establecimiento legal de la paridad peso/dolar y con otras
medidas lograr el crecimiento económico pero no se ha conseguido
un parejo
desarrollo humano y menos aún un
progreso económico con justicia social. Incluso el
valor económico real del peso es dudoso, si se tiene en cuenta que
la deuda pública externa, luego de su reducción con el
producto de las privatizaciones, prácticamente se ha duplicado,
superando en estos días los 105.000 millones de dólares.
Más problemático aún es que en todos los países
que han adoptado políticas basadas en la teoría
"neoliberal" han aparecido, con ligeras variantes, los
jinetes del Apocalipsis social:
desocupación
o paro forzoso de millones de trabajadores, aumento de la
miseria
en vastos sectores, en obsceno contraste con la impúdica riqueza
de una minoría;
recesión económica por
caída del consumo y
quiebra de millares de
pequeñas empresas, fenómenos seguidos por continuos
conflictos y rebeliones sociales, contenidas muchas veces
por una
severa represión policial. Todos coinciden
que hay que "mantener los logros obtenidos", pero no menos en
que "ha llegado la hora de atender los problemas sociales"
que se atribuye a aquella política. En ese ambiente los
legisladores - representantes directos del pueblo - se ven presionados
por el poder Ejecutivo para que aprueben nuevas
reformas tributarias
(consistente siempre en extender los impuestos a más actividades
o aumentar las tasas) para eliminar "definitivamente" el
déficit presupuestario, que sobrepasa con exceso lo calculado.
O para aprobar leyes como la denominada de
flexibilización
laboral, en detrimento de las condiciones de los asalariados, para
abaratar los costos de producción. Los técnicos en
economía que proponen esas medidas sostienen que con ellas
aumentarán las fuentes de trabajo y los ingresos de los
trabajadores. Los legisladores no creen tal cosa. Pero la disciplina
partidaria, que tiene sus exigencias, y el carecer los políticos
de una teoría económica alternativa, los lleva tarde o
temprano a dictar leyes en las cuales no creen ¿Como esperar que
sus representados, el pueblo, creerá que actúan en su favor?
Al costo social se le suma así el costo político que
pagan no solo los legisladores, incluso los de la oposición,
sino el sistema democrático todo.
La política económica "neoliberal" no es una
improvisación
Las "cuatro columnas" de la política económica
aplicada desde 1991 han sido:
la privatización de las empresas
estatales y la
desregularización de algunas
actividades antes reservadas al Estado; la
convertibilidad,
asegurando por ley la paridad peso/dolar; la
apertura del mercado
nacional a la importación de bienes extranjeros facilitando
el libre comercio con el resto del mundo; y, finalmente, la
disciplina
fiscal, con el fin de erradicar el déficit presupuestario.
Desde un punto de vista formal esta es una sana exigencia, pero desde el
punto de vista
material, dados los fundamentos de la ciencia
económica liberal, tal demanda es la causa de la ruina
económica y social de los pueblos
[1].
Este es el programa "neoliberal", también llamado
"capitalista", que recomiendan el FMI y las demás
instituciones asesoras de gobiernos, que como viene acompañado de
premios (facilitar créditos y préstamos
de dinero a los exhaustos erarios) y
castigos (obstaculizar
esas posibilidades), es adoptado por la mayoría de los gobiernos
aunque con él arruinen a la sociedad bajo su administración.
El programa "neoliberal" descripto no es una improvisación.
Al contrario, lo notable en este fenómeno mundial es la abundancia
de expertos que sostienen el programa. Se trata de expertos en
economía, titulados en facultades de primer nivel, algunas de
renombre mundial. Desde este punto de vista es un plan fundado en una
ciencia económica. Pero, visto los limitados buenos
efectos que produce, a los que se suman aquellas otras calamidades
¿puede decirse que sea ésta una ciencia
dueña
de la verdad? No sería la primera vez en la historia del
conocimiento humano, que un saber científico sea tenido por
verdadero cuando es erróneo. Un saber puede ser
formalmente
científico y
materialmente erróneo;
así lo prueba la historia de todas las ciencias. Esto sucede
cuando son falsos los fundamentos tenidos por punto de partida.
El error se revela en toda su magnitud cuando los resultados que acontecen
tras la aplicación práctica de ese conocimiento son
contrarios a los teóricamente previstos, se trate de física
o economía. Cuando se puso en marcha la transformación
de 1991, recurriendo a las teorías "neoliberales",
nadie anticipó una desocupación crónica que
mantendría a más del 20% de los trabajadores en paro
forzoso, o que en una de cada cuatro familias las amas de casa se
verían obligadas a abandonar su hogar para trabajar y poder
sostenerlo. Menos aun que la evasión fiscal alcanzaría
al 40% de lo calculado ni que la mitad de los asalariados
preferiría trabajar "en negro". Esta falencia en la
capacidad predictiva hace sospechosa a la ciencia económica
"neoliberal", y no falta quienes sostienen, con buenos
fundamentos, que se trata de un saber forjado al servicio de particulares
intereses, contrarios al bienestar general (Mason Gaffney/Fred Harrison,
The Corruption of Economics y Kenneth Jupp,
Stealing our Land,
ambos publicados en 1997).
La ciencia económica "neoliberal" es errónea
Durante la campaña electoral de 1945 el entonces coronel
Perón sostuvo categórica y reiteradamente, entre otras,
esta consigna:
"La tierra dejará de ser un bien de
renta para ser un factor de producción". Dejemos de lado
si logró cumplir ese objetivo. También Sarmiento, en 1864,
prometió hacer 100 Chivilcoy y, lamentablemente, no hizo ninguno
más. Lo importante es que ambos levantaron una bandera
política en nada caprichosa, sino basada en la ciencia
económica verdadera, en cuanto a sus fundamentos, desarrollada
por los economistas clásicos quienes consideraban
a la tierra
y a la renta económica del suelo factores fundamentales del
orden económico, en su doble dimensión: como
economía social y como economía pública. Esto no era
nuevo entre nosotros. Desde antes de Mayo de 1810, por obra de Manuel
Belgrano, la idea de que
el libre acceso a la tierra por parte de los
trabajadores era el fundamento de una economía social de mercado
y que
el valor de la tierra era el primordial recurso de los gobiernos
para afrontar el gasto público, fue un principio rector para los hombres de
la Revolución patria, como consta en las actas del Congreso de
1826. Inspirados en Belgrano, Martin Rodriguez, Rivadavia y el padre
Agüero en 1813, más tarde Echeverría, Alberdi y
demás integrantes de la generación de 1837, Avellaneda
y Sarmiento durante la organización nacional, Roque Sáenz
Peña al planear la democracia en 1912, los partidos de Yrigoyen
y Juan B. Justo antes y después del golpe de 1930 y Perón
en 1945, sostuvieron políticas que tenían en cuenta a
la verdadera ciencia económica, aquella que considera el igual
acceso a la tierra y el destino público de la renta del suelo
como hechos cruciales para el buen orden social.
Por el contrario, lo característico de la ciencia económica
"neoliberal" es negar la importancia de la tierra y de la renta
del suelo y tener como únicos fundamentos de la producción
al trabajo y el capital. A partir de aquella negación y esta
reducción, esta escuela se vio obligada a desarrollar rebuscadas
teorías para explicar la injusta distribución de la riqueza
y los catastróficos efectos sociales de las políticas
gubernamentales practicadas a partir de tan erróneo fundamento
[2].
Una ciencia económica que considera solo dos factores (el trabajo
y el capital) e ignora a la tierra y las leyes que rigen su valor, es
tan errónea como lo sería una ciencia del sistema
planetario que ignorara al Sol y a la ley de gravedad.
El gran retroceso político y social.
Dinamarca solo aparece en los diarios cuando hay que dar cuenta del
país con más alto ingreso
per cápita.
La paz social y política que allí existe la priva de ser
noticia. Algo parecido pasa con países como Nueva Zelandia,
Canadá y Australia. Ninguno de ellos es un país de
ángeles ni sus habitantes viven en lecho de rosas. Tienen
problemas; pero facilita su discusión y la búsqueda de
soluciones, un orden social en el que la especulación con el suelo
es repudiable si no prohibida.
El recurso fiscal primordial en esos
países es la recaudación de la renta del valor del suelo,
según las teorías clásicas perfeccionadas por Henry
George (1839-1897) en su obra
Progreso y Miseria.
Esta clase de conciencia democrática no puede formarse en
países como el nuestro en que la ley positiva acepta como acto
lícito "especular con la tierra". La especulación
con el suelo, muy fuerte a partir de 1860, fue la causa de sus continuas
crisis económicas a partir de la 1890. Hoy la especulación
con el suelo es cosa corriente sin que nadie se alarme. En 1997 el
financista Soros compró en la Capital 48.000 m² por 2.800.000
dólares y, cuatro meses después, los vendió en 11
millones, "ganando" más de 8 millones en ese lapso.
El caso tiene el valor de una biopsia. Obsérvese que mientras se
sostiene la paridad dolar/peso y el costo de vida aumentó un 60%,
el valor de la tierra, en Buenos Aires y puntos importantes, se ha
multiplicado entre el 150% y 400%. Todo "boom" inmobiliario de
esta clase precede a una crisis económica con recesión y
paro. Está en la raíz del colapso de la economía
del Japón y en el de las economías latinoamericanas.
Las "políticas de reajuste", fundadas en ciencia
"neoliberal" acarrean terribles efectos. Al ignorarse que el
libre acceso a la tierra y su valor como recurso fiscal crecen en
importancia en la sociedad industrial y tecnológica, el Estado
abandona a su suerte a los "sin tierra", al mismo tiempo que
pierde sus más legítimos recursos. Aumenta la legión
de carenciados y con ello el gasto público; el déficit
presupuestario es una constante. Es aquí cuando los
"neoliberales" aparecen como gente seria que aconseja una
férrea
disciplina fiscal, omitiendo advertir la
falta de seriedad de la ciencia en que se basan. Los gobiernos se ciñen a sus
consejos y los legisladores fallan a sus representados; en contra de
los intereses de los hombres de trabajo votan leyes coactivas que
autorizan a quitarles parte de su propiedad privada. Estas leyes de
impuestos autorizando tales confiscaciones constituyen un aberrante
retroceso cultural. Se desnaturaliza a la democracia y al derecho,
pues mediante leyes formalmente impecables el gobierno es autorizado
a despojar de su riqueza a sus legítimos propietarios. En la
era tecnológica se revive el primitivo método de los
mandones de los más arbitrarios momentos de la civilización.
¿Cómo sorprenderse que la evasión sea irreductible
y sea profesionalmente auxiliada por los mismos expertos que aconsejan
al Estado aplicar leyes tan absurdas? Las leyes de contenido corrupto
corrompen hasta a los hombres más decentes.
La experiencia del Estado de Pennsylvania
En 1974 el Estado de Pennsylvania cayó en recesión
económica por causa de la crisis del acero. Los presupuestos de
las ciudades comenzaron a mostrar graves déficit por lo cual se
pensó en aumentar los impuestos. Fue entonces que el profesor
Steven Cord aconsejó que en lugar de ello se recaudara parte de
la renta fundiaria al mismo tiempo que se bajaran los impuestos a los
edificios. La primera ciudad que tomó esta medida fue Pittsburg.
Un cambio extraordinario aconteció. Bastó incrementar en
un 5% de la antigua tasa al valor del suelo (valor fiscal) y reducir la
tasa sobre las mejoras para que se produjera el "boom" de la
construcción. Los pedidos de edificación se incrementaron
en un 293% en dos años. A causa de esta experiencia, la medida
fue adoptada en Harrisburg, Scranton, McKeesport, Duquesne, New Castle
y durante los 1990 a otras diez ciudades. En todas se repitió
el "boom". Al contrario, en aquellas otras que mantuvieron
el viejo régimen de gravar el edificio más que el suelo,
la recesión empeoró. Lo notable es que tras la
reactivación de la construcción se produjo la de los
sectores industriales, comerciales y de servicio.
Las fuentes de
trabajo se multiplicaron.
¿Es posible una Reina del Plata en serio?
En estos días la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires desempolvó una ordenanza de la época del
intendente Carlos Grosso. Apelando a un espionaje aéreo
registró hasta donde pudo (con gran costo) todo lo edificado.
A continuación procedió a emplazar a los propietarios
para que pagaran las sumas derivadas de este "revalúo"
de las mejoras. La Jefatura de gobierno, aprovechando que la vía
de apremio no permite presentar otra defensa que el pago, coacciona a
casi 50.000 familias pretendiendo cobrar créditos de dudosa
legalidad y ninguna legitimidad. Todo para achicar el déficit.
Nada de esto alentará la construcción ni abaratará
la tierra, condición indispensable para ensanchar calles y avenidas,
ampliar los espacios verdes y poner fin a la codicia especulativa, que
impulsa a muchos a abalanzarse sobre los terrenos baldíos del
ferrocarril, la reserva ecológica de la Costanera Sur y los
castigados parques públicos. Menos pondrá termino al
problema de las casas tomadas, las villas de emergencia, a la
delincuencia por hambre y al vandalismo que germina en el hacinamiento.
El valor de mercado del territorio de la Capital, libre de mejoras,
acaba de ser calculado en 110.000 millones dólares
(Clarín Sec. Económica, 08/Ago/98). Si la jefatura
de gobierno reconociera que
ese valor es el "capital social"
de Buenos Aires, con un modesto 5% de renta recaudada de sus ocupantes,
obtendría ingresos superiores a los 5.000 millones de dólares,
duplicando su presupuesto. Como además
tendria que eliminar los
impuestos a los ingresos brutos, a las mejoras y otras actividades
económicas, resulta imposible imaginar el "boom"
económico que viviría la hoy menesterosa capital.
Conclusiones
Contra lo que se cree basta un enfoque distinto y la adopción de
medidas muy sencillas para cambiar por completo el panorama
económico y social del país. Las fuentes de trabajo
florecerán como hongos, se cerrará la sangrante llaga de
la desocupación, cesará la emigración, los
jóvenes encontrarán miles de nuevas oportunidades para
su capacidad creativa, podríamos recibir a millones de familias
que deambulan en el mundo por falta de tierra
[3],
las industrias renacerían pujantes y pagando mayores salarios
serían capaces de producir a los precios más baratos del
mundo. A la par, municipios y provincias con holgados erarios, como
la nación, podrían cumplir con las obligaciones para las
que se las constituyó.
Todo esto es posible si se recauda la
renta fundiaria, pues con tierra barata y sin impuestos, la
economía social logra su máxima expansión y la
economía pública su mayor firmeza.
[1]:
Para que un gobierno pueda funcionar requiere recursos financieros y en
consecuencia debe haber una estricta disciplina fiscal, o sea un estricto
cumplimiento de leyes que determinen quienes y con cuanto deben contribuir.
Pero la disciplina es ruinosa si el contenido de esas leyes es incorrecto,
como ocurre en la actualidad por causa de la ciencia económica
"neoliberal". La verdadera ciencia económica determina
el contenido correcto de las leyes de impuestos. Da cuenta
matemática de los límites del gasto público.
[2]:
A fines del siglo pasado y comienzos del actual la "cuestión
del trabajo", efecto de la aplicación de políticas
ceñidas a la ciencia "neoliberal", generó
reacciones obreras, de la Iglesia e incluso políticas. Unas
fueron las revoluciones que implantaron el comunismo; otras crearon
el "Estado de bienestar". El actual repudio a este Estado
junto al colapso del orden comunista, ha llevado al renacimiento del
"neoliberalismo" económico generando el riesgo a
llevarnos por delante, una vez más, la misma piedra.
[3]:
Así cumpliríamos con las expresas recomendaciones del
Santo Padre Juan Pablo II (Tertio Millenio Adveniente) y las del
Pontificio Consejo "Justicia y Paz" Para una mejor
distribución de la tierra, de enero de 1998.
