ICE INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
ECONÓMICA

Una reforma tributaria para lograr
prosperidad económica con justicia social

El mito de hoy: globalización

Crisis mundial y globalización son palabras muy usadas desde hace un par de años por analistas, políticos y gobernantes para explicar padecimientos sociales tales como recesión, paro forzoso, quiebras de miles de pymes, bajos ingresos de los trabajadores asalariados, fuga de capitales, desmoronamiento de los mercados, brecha entre muy ricos y muy pobres, etc. Dos cosas se deben decir:
  1. Que no es verdad que la crisis sea mundial. ¿Se la sufre en Dinamarca, Nueva Zelandia o Canadá? ... por dar algún ejemplo ¿Los efectos de la globalización son idénticos en todos los países? Por cierto que no. Ambas consideraciones dicen a las claras que los males económicos y sociales no son, en sentido estricto, mundiales (como lo es la salida diaria del Sol). Es necesario hacer este planteo para evitar caer en el lugar común de prestar máxima atención a factores externos (sobre los que no tenemos mando) y pasar por alto fallas internas (las que sí quizá podemos remediar, si las conocemos).
  2. Avala nuestra presunción que la globalización, aparte de lo que tenga de real, es un recurso para eludir responsabilidades, el hecho que muchos otros males que padecemos son muy anteriores a ella. Sobresalen entre estas fallas la falta de más de 9.000 viviendas decentes; la presencia de más de 150.000 personas sin techo (homeless o carenciados) y 16.000 villas de emergencia, sólo en Buenos Aires y alrededores; la insuficiente infraestructura social (caminos, puertos, ferrocarriles, escuelas, hospitales, etc.); déficit fiscal crónico; creciente endeudamiento del Estado y de las empresas privadas, salvo las monopólicas; falta de oportunidades para aplicar su capacidad de trabajo quienes deben vivir de él, en especial las nuevas generaciones (unos nuevos 300.000 jóvenes por año); contar con un territorio de excelentes condiciones físicas y climáticas para habitar y trabajar y que, sin embargo, permanece tan vacío como hace cien años, con el agravante de haber cesado como país de inmigración para pasar a ser (desde los 1950) un país de emigración (a la fecha la cifra de los argentinos emigrados para ganarse la vida llega a 3 millones: J. C. Zuccotti, La emigración argentina a partir de 1950); exhibir la peor distribución demográfica del mundo, pues por kilómetro cuadrado tenemos las más absurdas densidades: 15.000 personas en la Capital y 4.000 en el cinturón bonaerense, mientras en el resto del país la media no llega a 6, aclarando que en el Sur (o sea en la mitad del territorio nacional) en cada kilómetro cuadrado (1Km² = 100 hectáreas) hay menos de 2 personas. Piense el lector que Francia entera, con 51 millones de habitantes, cabe en las provincias de Chubut y Santa Cruz; que la densidad media en Europa es de 120 h/Km²., lo que significa que disponiendo de 2 millones y medio de kilómetros cuadrados, estamos en condiciones de tener una población potencial de más de 300 millones y apenas somos 36. ¿Se deben estos fenómenos a la globalización? ¿Es culpa de las reformas hechas a partir de 1991 que haya mas santiagueños en Buenos Aires que en Santiago? ¿Se debe al "efecto tequila", al "efecto arroz " o a las "crisis asiáticas" que cada noche duerman en la vía pública más de "2.000 niños de la calle", y que muchos otros miles subsistan gracias a pobres refugios mantenidos por la caridad de gente humilde? El tango "Chiqulín de Bachín" de fecha muy anterior a la globalización y las crisis, es revelador de un desorden en los fundamentos mismos de la sociedad argentina. Globalización y crisis mundiales son palabras ambiguas que refieren múltiples fenómenos que merecen ser estudiados. Pero también son recursos discursivos que apartan la observación del intelectual, el político y el ciudadano del sitio hacia donde debe estar dirigida.

El problema de los legisladores

Se supone la que ley coactiva es uno de los mejores instrumentos para ordenar la sociedad y mejorar el orden existente y con esto la calidad de vida de los habitantes. Parece cosa fácil lograr el consenso legislativo en leyes que se limitan a consagrar grandes propósitos, a los que solo un enfermo moral o un hipócrita podría oponerse. Ejemplo de ello son los objetos generales que propone el Preámbulo de la Constitución Nacional y los mojones llamados Derechos y Garantías. La cosa es más peliaguda cuando se trata de legislar creando los medios legales para alcanzar aquellos magníficos objetivos respetando estos mojones constitucionales. Y llega a ser un duro reto a la inteligencia cuando la Constitución manda dictar leyes cuyo contenido parece ser, a primera vista para muchos, contradictorios e incluso excluyentes. Un ejemplo es la cláusula de nuevo progreso aprobada en la asamblea constituyente de 1994 (inciso 19 del Art. 75). Allí se dispone, entre otras cosas, que corresponde al Congreso ... "proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo y la defensa del valor de la moneda". Aquí ya no basta con la voluntad política, como suele decirse. Es necesario contar con una teoría económica social basada en fundamentos correctos. De hecho leyes dictadas a partir de 1991 han logrado concretar algunos de los objetivos del inciso 19, como defender el valor de la moneda mediante el establecimiento legal de la paridad peso/dolar y con otras medidas lograr el crecimiento económico pero no se ha conseguido un parejo desarrollo humano y menos aún un progreso económico con justicia social. Incluso el valor económico real del peso es dudoso, si se tiene en cuenta que la deuda pública externa, luego de su reducción con el producto de las privatizaciones, prácticamente se ha duplicado, superando en estos días los 105.000 millones de dólares. Más problemático aún es que en todos los países que han adoptado políticas basadas en la teoría "neoliberal" han aparecido, con ligeras variantes, los jinetes del Apocalipsis social: desocupación o paro forzoso de millones de trabajadores, aumento de la miseria en vastos sectores, en obsceno contraste con la impúdica riqueza de una minoría; recesión económica por caída del consumo y quiebra de millares de pequeñas empresas, fenómenos seguidos por continuos conflictos y rebeliones sociales, contenidas muchas veces por una severa represión policial. Todos coinciden que hay que "mantener los logros obtenidos", pero no menos en que "ha llegado la hora de atender los problemas sociales" que se atribuye a aquella política. En ese ambiente los legisladores - representantes directos del pueblo - se ven presionados por el poder Ejecutivo para que aprueben nuevas reformas tributarias (consistente siempre en extender los impuestos a más actividades o aumentar las tasas) para eliminar "definitivamente" el déficit presupuestario, que sobrepasa con exceso lo calculado. O para aprobar leyes como la denominada de flexibilización laboral, en detrimento de las condiciones de los asalariados, para abaratar los costos de producción. Los técnicos en economía que proponen esas medidas sostienen que con ellas aumentarán las fuentes de trabajo y los ingresos de los trabajadores. Los legisladores no creen tal cosa. Pero la disciplina partidaria, que tiene sus exigencias, y el carecer los políticos de una teoría económica alternativa, los lleva tarde o temprano a dictar leyes en las cuales no creen ¿Como esperar que sus representados, el pueblo, creerá que actúan en su favor? Al costo social se le suma así el costo político que pagan no solo los legisladores, incluso los de la oposición, sino el sistema democrático todo.

La política económica "neoliberal" no es una improvisación

Las "cuatro columnas" de la política económica aplicada desde 1991 han sido: la privatización de las empresas estatales y la desregularización de algunas actividades antes reservadas al Estado; la convertibilidad, asegurando por ley la paridad peso/dolar; la apertura del mercado nacional a la importación de bienes extranjeros facilitando el libre comercio con el resto del mundo; y, finalmente, la disciplina fiscal, con el fin de erradicar el déficit presupuestario. Desde un punto de vista formal esta es una sana exigencia, pero desde el punto de vista material, dados los fundamentos de la ciencia económica liberal, tal demanda es la causa de la ruina económica y social de los pueblos [1]. Este es el programa "neoliberal", también llamado "capitalista", que recomiendan el FMI y las demás instituciones asesoras de gobiernos, que como viene acompañado de premios (facilitar créditos y préstamos de dinero a los exhaustos erarios) y castigos (obstaculizar esas posibilidades), es adoptado por la mayoría de los gobiernos aunque con él arruinen a la sociedad bajo su administración.

El programa "neoliberal" descripto no es una improvisación. Al contrario, lo notable en este fenómeno mundial es la abundancia de expertos que sostienen el programa. Se trata de expertos en economía, titulados en facultades de primer nivel, algunas de renombre mundial. Desde este punto de vista es un plan fundado en una ciencia económica. Pero, visto los limitados buenos efectos que produce, a los que se suman aquellas otras calamidades ¿puede decirse que sea ésta una ciencia dueña de la verdad? No sería la primera vez en la historia del conocimiento humano, que un saber científico sea tenido por verdadero cuando es erróneo. Un saber puede ser formalmente científico y materialmente erróneo; así lo prueba la historia de todas las ciencias. Esto sucede cuando son falsos los fundamentos tenidos por punto de partida. El error se revela en toda su magnitud cuando los resultados que acontecen tras la aplicación práctica de ese conocimiento son contrarios a los teóricamente previstos, se trate de física o economía. Cuando se puso en marcha la transformación de 1991, recurriendo a las teorías "neoliberales", nadie anticipó una desocupación crónica que mantendría a más del 20% de los trabajadores en paro forzoso, o que en una de cada cuatro familias las amas de casa se verían obligadas a abandonar su hogar para trabajar y poder sostenerlo. Menos aun que la evasión fiscal alcanzaría al 40% de lo calculado ni que la mitad de los asalariados preferiría trabajar "en negro". Esta falencia en la capacidad predictiva hace sospechosa a la ciencia económica "neoliberal", y no falta quienes sostienen, con buenos fundamentos, que se trata de un saber forjado al servicio de particulares intereses, contrarios al bienestar general (Mason Gaffney/Fred Harrison, The Corruption of Economics y Kenneth Jupp, Stealing our Land, ambos publicados en 1997).

La ciencia económica "neoliberal" es errónea


Durante la campaña electoral de 1945 el entonces coronel Perón sostuvo categórica y reiteradamente, entre otras, esta consigna: "La tierra dejará de ser un bien de renta para ser un factor de producción". Dejemos de lado si logró cumplir ese objetivo. También Sarmiento, en 1864, prometió hacer 100 Chivilcoy y, lamentablemente, no hizo ninguno más. Lo importante es que ambos levantaron una bandera política en nada caprichosa, sino basada en la ciencia económica verdadera, en cuanto a sus fundamentos, desarrollada por los economistas clásicos quienes consideraban a la tierra y a la renta económica del suelo factores fundamentales del orden económico, en su doble dimensión: como economía social y como economía pública. Esto no era nuevo entre nosotros. Desde antes de Mayo de 1810, por obra de Manuel Belgrano, la idea de que el libre acceso a la tierra por parte de los trabajadores era el fundamento de una economía social de mercado y que el valor de la tierra era el primordial recurso de los gobiernos para afrontar el gasto público, fue un principio rector para los hombres de la Revolución patria, como consta en las actas del Congreso de 1826. Inspirados en Belgrano, Martin Rodriguez, Rivadavia y el padre Agüero en 1813, más tarde Echeverría, Alberdi y demás integrantes de la generación de 1837, Avellaneda y Sarmiento durante la organización nacional, Roque Sáenz Peña al planear la democracia en 1912, los partidos de Yrigoyen y Juan B. Justo antes y después del golpe de 1930 y Perón en 1945, sostuvieron políticas que tenían en cuenta a la verdadera ciencia económica, aquella que considera el igual acceso a la tierra y el destino público de la renta del suelo como hechos cruciales para el buen orden social.

Por el contrario, lo característico de la ciencia económica "neoliberal" es negar la importancia de la tierra y de la renta del suelo y tener como únicos fundamentos de la producción al trabajo y el capital. A partir de aquella negación y esta reducción, esta escuela se vio obligada a desarrollar rebuscadas teorías para explicar la injusta distribución de la riqueza y los catastróficos efectos sociales de las políticas gubernamentales practicadas a partir de tan erróneo fundamento [2]. Una ciencia económica que considera solo dos factores (el trabajo y el capital) e ignora a la tierra y las leyes que rigen su valor, es tan errónea como lo sería una ciencia del sistema planetario que ignorara al Sol y a la ley de gravedad.

El gran retroceso político y social.

Dinamarca solo aparece en los diarios cuando hay que dar cuenta del país con más alto ingreso per cápita. La paz social y política que allí existe la priva de ser noticia. Algo parecido pasa con países como Nueva Zelandia, Canadá y Australia. Ninguno de ellos es un país de ángeles ni sus habitantes viven en lecho de rosas. Tienen problemas; pero facilita su discusión y la búsqueda de soluciones, un orden social en el que la especulación con el suelo es repudiable si no prohibida. El recurso fiscal primordial en esos países es la recaudación de la renta del valor del suelo, según las teorías clásicas perfeccionadas por Henry George (1839-1897) en su obra Progreso y Miseria.

Esta clase de conciencia democrática no puede formarse en países como el nuestro en que la ley positiva acepta como acto lícito "especular con la tierra". La especulación con el suelo, muy fuerte a partir de 1860, fue la causa de sus continuas crisis económicas a partir de la 1890. Hoy la especulación con el suelo es cosa corriente sin que nadie se alarme. En 1997 el financista Soros compró en la Capital 48.000 m² por 2.800.000 dólares y, cuatro meses después, los vendió en 11 millones, "ganando" más de 8 millones en ese lapso. El caso tiene el valor de una biopsia. Obsérvese que mientras se sostiene la paridad dolar/peso y el costo de vida aumentó un 60%, el valor de la tierra, en Buenos Aires y puntos importantes, se ha multiplicado entre el 150% y 400%. Todo "boom" inmobiliario de esta clase precede a una crisis económica con recesión y paro. Está en la raíz del colapso de la economía del Japón y en el de las economías latinoamericanas.

Las "políticas de reajuste", fundadas en ciencia "neoliberal" acarrean terribles efectos. Al ignorarse que el libre acceso a la tierra y su valor como recurso fiscal crecen en importancia en la sociedad industrial y tecnológica, el Estado abandona a su suerte a los "sin tierra", al mismo tiempo que pierde sus más legítimos recursos. Aumenta la legión de carenciados y con ello el gasto público; el déficit presupuestario es una constante. Es aquí cuando los "neoliberales" aparecen como gente seria que aconseja una férrea disciplina fiscal, omitiendo advertir la falta de seriedad de la ciencia en que se basan. Los gobiernos se ciñen a sus consejos y los legisladores fallan a sus representados; en contra de los intereses de los hombres de trabajo votan leyes coactivas que autorizan a quitarles parte de su propiedad privada. Estas leyes de impuestos autorizando tales confiscaciones constituyen un aberrante retroceso cultural. Se desnaturaliza a la democracia y al derecho, pues mediante leyes formalmente impecables el gobierno es autorizado a despojar de su riqueza a sus legítimos propietarios. En la era tecnológica se revive el primitivo método de los mandones de los más arbitrarios momentos de la civilización. ¿Cómo sorprenderse que la evasión sea irreductible y sea profesionalmente auxiliada por los mismos expertos que aconsejan al Estado aplicar leyes tan absurdas? Las leyes de contenido corrupto corrompen hasta a los hombres más decentes.

La experiencia del Estado de Pennsylvania

En 1974 el Estado de Pennsylvania cayó en recesión económica por causa de la crisis del acero. Los presupuestos de las ciudades comenzaron a mostrar graves déficit por lo cual se pensó en aumentar los impuestos. Fue entonces que el profesor Steven Cord aconsejó que en lugar de ello se recaudara parte de la renta fundiaria al mismo tiempo que se bajaran los impuestos a los edificios. La primera ciudad que tomó esta medida fue Pittsburg. Un cambio extraordinario aconteció. Bastó incrementar en un 5% de la antigua tasa al valor del suelo (valor fiscal) y reducir la tasa sobre las mejoras para que se produjera el "boom" de la construcción. Los pedidos de edificación se incrementaron en un 293% en dos años. A causa de esta experiencia, la medida fue adoptada en Harrisburg, Scranton, McKeesport, Duquesne, New Castle y durante los 1990 a otras diez ciudades. En todas se repitió el "boom". Al contrario, en aquellas otras que mantuvieron el viejo régimen de gravar el edificio más que el suelo, la recesión empeoró. Lo notable es que tras la reactivación de la construcción se produjo la de los sectores industriales, comerciales y de servicio. Las fuentes de trabajo se multiplicaron.

¿Es posible una Reina del Plata en serio?

En estos días la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desempolvó una ordenanza de la época del intendente Carlos Grosso. Apelando a un espionaje aéreo registró hasta donde pudo (con gran costo) todo lo edificado. A continuación procedió a emplazar a los propietarios para que pagaran las sumas derivadas de este "revalúo" de las mejoras. La Jefatura de gobierno, aprovechando que la vía de apremio no permite presentar otra defensa que el pago, coacciona a casi 50.000 familias pretendiendo cobrar créditos de dudosa legalidad y ninguna legitimidad. Todo para achicar el déficit. Nada de esto alentará la construcción ni abaratará la tierra, condición indispensable para ensanchar calles y avenidas, ampliar los espacios verdes y poner fin a la codicia especulativa, que impulsa a muchos a abalanzarse sobre los terrenos baldíos del ferrocarril, la reserva ecológica de la Costanera Sur y los castigados parques públicos. Menos pondrá termino al problema de las casas tomadas, las villas de emergencia, a la delincuencia por hambre y al vandalismo que germina en el hacinamiento. El valor de mercado del territorio de la Capital, libre de mejoras, acaba de ser calculado en 110.000 millones dólares (Clarín Sec. Económica, 08/Ago/98). Si la jefatura de gobierno reconociera que ese valor es el "capital social" de Buenos Aires, con un modesto 5% de renta recaudada de sus ocupantes, obtendría ingresos superiores a los 5.000 millones de dólares, duplicando su presupuesto. Como además tendria que eliminar los impuestos a los ingresos brutos, a las mejoras y otras actividades económicas, resulta imposible imaginar el "boom" económico que viviría la hoy menesterosa capital.

Conclusiones

Contra lo que se cree basta un enfoque distinto y la adopción de medidas muy sencillas para cambiar por completo el panorama económico y social del país. Las fuentes de trabajo florecerán como hongos, se cerrará la sangrante llaga de la desocupación, cesará la emigración, los jóvenes encontrarán miles de nuevas oportunidades para su capacidad creativa, podríamos recibir a millones de familias que deambulan en el mundo por falta de tierra [3], las industrias renacerían pujantes y pagando mayores salarios serían capaces de producir a los precios más baratos del mundo. A la par, municipios y provincias con holgados erarios, como la nación, podrían cumplir con las obligaciones para las que se las constituyó. Todo esto es posible si se recauda la renta fundiaria, pues con tierra barata y sin impuestos, la economía social logra su máxima expansión y la economía pública su mayor firmeza.

[1]:   Para que un gobierno pueda funcionar requiere recursos financieros y en consecuencia debe haber una estricta disciplina fiscal, o sea un estricto cumplimiento de leyes que determinen quienes y con cuanto deben contribuir. Pero la disciplina es ruinosa si el contenido de esas leyes es incorrecto, como ocurre en la actualidad por causa de la ciencia económica "neoliberal". La verdadera ciencia económica determina el contenido correcto de las leyes de impuestos. Da cuenta matemática de los límites del gasto público.

[2]:   A fines del siglo pasado y comienzos del actual la "cuestión del trabajo", efecto de la aplicación de políticas ceñidas a la ciencia "neoliberal", generó reacciones obreras, de la Iglesia e incluso políticas. Unas fueron las revoluciones que implantaron el comunismo; otras crearon el "Estado de bienestar". El actual repudio a este Estado junto al colapso del orden comunista, ha llevado al renacimiento del "neoliberalismo" económico generando el riesgo a llevarnos por delante, una vez más, la misma piedra.

[3]:   Así cumpliríamos con las expresas recomendaciones del Santo Padre Juan Pablo II (Tertio Millenio Adveniente) y las del Pontificio Consejo "Justicia y Paz" Para una mejor distribución de la tierra, de enero de 1998.

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