La clave de la democracia, la justicia social
y la prosperidad económica pasa por
el sistema de recursos del estado.

Este artículo no es esta una nota académica ni un alegato partidario. Debe ser visto, más bien, como una proclama política. Pretendo llamar la atención del lector, más allá de legítimas banderías, sobre un problema de orden constitucional, entendido en el sentido fuerte de la palabra. De hecho la cuestión de los recursos del Estado es un problema social inevitable al cual se han dado y se pueden dar distintas soluciones. Lo importante es reconocer que la solución adoptada para dotar al Estado de recursos determina la configuración de gran parte de los órdenes de conducta mediante los que se constituye la sociedad. Desde este punto de vista es necesario sobre todas las cosas abandonar la parsimoniosa actitud que reina entre los dirigentes sociales actuales quienes se comportan frente al sistema vigente como si fuera correcto o, en todo caso, el único posible.

En relación a nuestro país sostengo las siguientes tesis:

1. Que la mayor parte de los problemas sociales que demandan en estos días la atención de los legisladores, frente a los cuales quedan en estado de perplejidad por no poder encontrar soluciones compatibles entre sí, son causados directa o indirectamente por el sistema de recursos vigente.
2. Que es indispensable sustituir, lo antes posible, ese pernicioso sistema para prevenir el evitar el estallido de conflictos latentes y la propagación de otros abiertos.
3. El nuevo sistema - del cual más abajo muestro algunas bases - debe inspirarse en principios morales y fundarse en criterios científicos, para que sea comprensible y respetado por la masa de la población y demostrable su eficacia mediante de modo experimental. El sistema de recursos que propongo tiende a fortalecer la moral individual y la solidaridad social, excluye la codicia, la especulación y el robo del fruto del trabajo ajeno como conductas aceptables por la ley jurídica, tal como ahora ocurre por causa del sistema vigente. El nuevo sistema que propongo tiene que obrar en favor y no en contra de la economía social de mercado; debe fomentar el desarrollo de ciudadanos libres en lugar de temerosos súbditos del Estado; debe establecer un orden de justicia social como fruto natural de los demás órdenes de vida y no como obsequio de los gobernantes; debe permitir el desarrollo de una de las sociedades más abiertas que se haya conocido, medida su apertura por la tolerancia y el amor a la verdad de sus habitantes, a diferencia de la actual en la que por causa del sistema de impuestos vigentes provoca el hacinamiento, la mentira y la violencia entre hermanos y contra los extraños; el sistema que propongo debe permitir que sea un hecho el postulado del preámbulo de la Constitución: que nuestro vasto territorio sea la accesible fuente de trabajo para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino; el sistema nuevo que propongo debe hacer posible la política inmigratoria propuesta por Alberdi hace mas de un siglo, aun pendiente de ejecución, cuya falta exhibe al inmenso y feraz territorio patrio como un páramo abandonado a los especuladores en tierras de todo el globo. Disponiendo la Argentina de una de las extensiones más amplias y más propicias para la calidad de vida, en un planeta erizado por guerras territoriales y poblaciones hambrientas, corre el riesgo de perder el sustento moral que debe fundar todo dominio soberano o armarse hasta los dientes para defender sus enormes fronteras.

Que haya trabajo para todos y con elevados salarios; que el principio de igualdad de oportunidades sea compatible con el de la competencia que exige la economía de mercado; que la democracia sea un sistema de gobierno que coexista con un alto grado de libertad individual; que la justicia social sea un orden normal; que disminuya la violencia en la mayoría de las relaciones sociales; que las pequeñas empresas sean hormonas estimulantes del crecimiento productivo; que la moral social sea más elevada, todo esto y mucho más, depende del sistema de recursos del Estado. A quien esto le parezca exagerado, recuerde las tensiones, conflictos y frustraciones sufridas hasta hace muy poco, cuando gobernantes y gobernados aceptaban como recurso del Estado la emisión de moneda sin respaldo. El orden social cambió por completo en muchos ámbitos de la vida cuando en 1991 se abandonó ese recurso. Pero fue entonces, a partir de recurrir a los impuestos en lugar de la emisión, cuando nuevas conductas y fenómenos aparecieron en la escena privada y pública. Una evasión de casi el 50% de lo calculado, un quinto de la población asalariada en paro forzoso (desocupación), otro tanto de trabajadores "en negro", quiebra de decenas de miles de pequeñas y medianas empresas, son algunos de los hechos que siguieron al nuevo sistema. En realidad, como se verá más abajo, se trataba de un viejo sistema, que en la practica se aplicaba poco y mal. El cambio consistió en revitalizarlo, perfeccionar sus mecanismos y aplicarlo mucho más severamente.

Este viejo sistema constituido de manera principal por gravámenes a las exportaciones e importaciones, al valor agregado, a las ganancias y a los ingresos brutos, funciona como un freno a la actividad productiva y comercial y al consumo. Este efecto y el repudio a los recursos inflacionarios genera situaciones paradójicas: todo el mundo coincide en que los impuestos deben ser pagados, pero quien puede evade. La severidad en el cobro exige mayores gastos por parte del Estado, a pesar de lo cual las metas propuestas aparecen cada vez más lejanas. El déficit presupuestario parece indomable y el gobierno debe apelar a otro recurso: el endeudamiento interno y externo. Al cabo de una década de la aplicación de este sistema de impuestos, pese a operaciones realizadas para achicar la deuda externa, ésta se ha duplicado y al déficit hay que reducirlo mediante recortes en el gasto público, ya bastante recortado de antemano al formalizar los presupuestos.

Las promesas incumplidas

Dada las circunstancias descriptas, cada año, y en ocasiones varias veces en el periodo, no importa quien sea presidente, el Ejecutivo propone una reforma tributaria para aumentar sus ingresos. De modo no menos rutinario, los legisladores manifiestan que estudiarán el proyecto "con todo cuidado" antes de dar su voto. Al mismo tiempo que critican lo que consideran un "parche" exigido por las circunstancias, expresan su voluntad de afrontar en el futuro una "reforma profunda del sistema". No solo se trata de promesas incumplidas, sino de difícil cumplimiento. El pensamiento que domina en esas declaraciones apunta a erradicar la evasión "haciendo que todo el mundo pague" y a sostener como principio fundamental que "deben pagar más lo que más tienen y más ganan ". Nada nuevo hay en estas palabras. Son frases que se fundan mucho más en la natural sensibilidad hacia la gente de menores ingresos que en la meditación rigurosa. Tales ideas son ampliamente populares. Su popularidad produce un feed back positivo: el político las sostiene porque caen bien a la gente y ésta apoya a los políticos que las sostienen, porque las estiman razonables. Lástima que al mismo tiempo que todos están contentos y esperanzados, se alejan más del conocimiento de las rectas ideas que podrían permitirles cumplir la promesa de reformar el pésimo sistema actual y dejar de sufrir sus consecuencias. Desprovistos de un conocimiento productivo, cuando llegan los proyectos creando nuevos impuestos o aumentando las cargas existentes, los legisladores quedan en manos de los técnicos que los auspician, cuya meta es reunir dinero y no meterse en problemas que desconocen. Para colmo, cada reforma impositiva es tratada como un episodio aislado del orden económico e incluso de la política económica que se practica. De manera que su tratamiento parlamentario es hecho de manera por completo separada de otros problemas con los cuales el sistema de impuestos está muy vinculado. Así, por ejemplo, se discuten fuera de la "reforma impositiva" otros impuestos para zanjar alguna falencia sectorial (por ejemplo imponer el 1% a los propietarios de vehículos para otorgar un magro aumento a los maestros), o exenciones para "estimular la inversión de capitales", o se crea un "monotributo" para algunas empresas, o se cuestionan los "contratos basura", la "flexibilización laboral" y la desocupación, sin la más mínima reflexión sobre la relación entre estos hechos y el sistema de impuestos vigente. Esta desvinculación es una buena prueba de la falta de seriedad científica del conocimiento económico dominante en la actualidad. En verdad no se puede culpar a los legisladores de tales procedimientos. La falla proviene del pobre y erróneo conocimiento académico respecto del orden económico y de sus relaciones con los demás órdenes de la sociedad humana y de ésta, como un todo, con el orden de la naturaleza.

Dos observaciones para intentar una reforma del sistema de recursos del Estado. Solo estaremos frente a una reforma del sistema de recursos del estado cuando los legisladores se dispongan a extirpar dos cánceres que están destruyendo nuestro organismo social:

1. Uno es el vigente sistema de impuestos. Este sistema carece de fundamento moral y científico. Se ha establecido al amparo del razonable propósito de solventar el gasto público, pero abusando del noble instrumento llamado ley positiva. Pese a su aparente modernidad es un fósil proveniente de la edad histórica, que por los interés creados y la ignorancia ha sobrevivido a la revolución industrial, científica y política iniciada hace apenas hace tres siglos. En sustancia consiste en confiscar por la fuerza la riqueza de propiedad privada. Por eso, quien lo examine con cuidado, verá que es de cabo a rabo contrario a los principios de la Constitución Nacional. Es contrario a las libertades individuales (art.14), a la privaticidad de los actos lícitos (art.19), al derecho a no declarar en contra de uno mismo (art.18) y, por supuesto, al sagrado derecho a la propiedad privada fruto del trabajo (art.17).
2. El segundo cáncer es el sistema legal que retacea el primero de los derechos humanos, condición para la existencia y ejercicio de todos los demás: el derecho a la vida. Este derecho primordial es tan obvio que suele ser omitido. Es un error de funestas consecuencias, pues con esa omisión se olvida o no se ve que el ser humano, dada su biológica condición animal, no puede vivir sin gozar de acceso directo o indirecto a la tierra. Su derecho a la vida queda cercenado en proporción directa a los obstáculos con que tropiece para acceder al suelo. Para nada valen los derechos como libertad de transito, libertad de expresión, libertad de trabajo, si se le cancela a un hombre el derecho a acceder al suelo. No valen nada pues en tal condición es un condenado a muerte. Si sólo se lo cercena en buena parte, el hombre vive, pero como esclavo o siervo. Y si solo se le concede en gotas, vive pendiente de un cuenta gotas. Por obra de nuestro sistema legal, los argentinos tienen cada día más cercenados sus derechos a acceder al suelo patrio. Basta el magro crecimiento vegetativo de la población (unas 350.000 almas por año) y unas pocas inversiones de capital (caso de la construcción de autopistas y viviendas) para que el valor del suelo se múltiple por diez cada año. Queda así fuera del alcance de los trabajadores e inversores. Las consecuencias están a la vista: millones de hombres en villas miseria, decenas de miles durmiendo en umbrales, millones sin trabajo y un diez por ciento de la población emigrada. Pese al progreso de la civilización durante este siglo, que no ha sido poco, los argentinos de hoy viven peor que sus abuelos, aunque mejor que sus hijos. Aquellos llegaron al país cuando la tierra era muy barata; nuestros hijos deberían trabajar un siglo para adquirir un lote aceptable.

¿Cómo llegamos a este deplorable estado de cosas?

Por el tipo de producción y su escasa población, los principales recursos del Estado argentino, a lo largo de su historia, provenían de los derechos sobre la exportación. Eran impuestos, pero pagados por los extranjeros compradores. Esta situación perduró hasta la crisis mundial de 1930. La caída de la demanda internacional privó al gobierno de ese ingreso y hubo que recurrir a los impuestos internos. Había entonces, como lo hay hoy, dos caminos:

1. Dictar leyes que obligaran al Estado a cobrar la renta del crédito público denominado renta fundiaria, retenida en manos de los propietarios del suelo. Esta fue la idea tomada de los fisiócratas europeos por Manuel Belgrano y aceptada luego por hombres como Martín Rodríguez, el padre Agüero, Rivadavia, Esteban Echeverría, Fragueiro, Nicolás Avellaneda, e incluso concretada en este siglo (1914) en el proyecto de ley del Presidente R. Sáenz Peña, fracasado por su prematura muerte
2. El otro camino era ampliar el más antiguo de los sistemas: mediante una ley coactiva poner en la cabeza de los agentes de la economía y los consumidores la obligación de entregar al gobierno parte de la riqueza privada, originada en el trabajo, y por lo tanto de su exclusiva propiedad. Esto es una confiscación (hacer del fisco lo que es de propiedad privada). Se lo hizo bajo el incuestionable, pero insuficiente argumento, que todo gobierno necesita de recursos monetarios. Fue el camino elegido por los gobiernos que siguieron al golpe de Estado de 1930. Así nació el impuesto a los réditos y de ahí para adelante todos los que rigen a la fecha. El impuesto al valor agregado, el impuesto a las ganancias, a los ingresos brutos y los internos, todos son de la misma naturaleza: confiscación de riqueza particular sin más fundamento que la ley positiva. No se le busquen fundamentos morales, sociales o científicos, porque nos los tienen. ¿Como asombrarse que como reacción donde este sistema impera, nazca una constante y creciente evasión? A los legisladores que votan aquellas confiscaciones le son aplicables - mutatis mutandi - los versos de Sor Inés: "Hombres necios que acusáis al contribuyente sin razón / sin ver que sois la ocasión / de lo mismo que culpáis"

La renta fundiaria es la base del tesoro público

El predio que cada uno necesita según sus preferencias - urbana o rural - es parte del territorio argentino. Cada predio tiene un valor económico que se refleja en su precio de mercado. El valor aumenta con la demanda: crece con el aumento de población, de actividades, de inversiones y de producción, e incluso, de un modo falso, con el acaparamiento especulativo. Este valor no es una cosa; es un crédito. Es lo que debe pagar aquel que pretenda ocuparlo. Como el valor del suelo no es fruto del trabajo de quien lo ocupe, sino de la actividad de la sociedad en que se encuentra (de la "ubicación" dicen los martilleros), ese valor es un crédito público. Cobrar ese crédito es el primer deber de un Estado que pretenda mantener una sociedad abierta y democrática. Si no lo hace, si permite que los primeros ocupantes especulen con el creciente valor del suelo, echará las bases para una sociedad oligárquica. Minará la democracia, cancelará la igualdad de oportunidades y arruinará la economía de mercado y con ello todo el orden social.

Pero los males serán aún peores. Al no cobrar el crédito público del Estado, el gobierno de turno necesitado de recursos, si no emite moneda falsa, apelará a los impuestos. Sin embargo, con esta medida, pese a sus aparente seriedad (porque es superior a la inflación), deprimirá al consumo y frenará a la producción.

En conclusión, la verdadera reforma tributaria, para ordenar una sociedad próspera de hombres libres, consiste en recaudar la renta fundiaria y eliminar los impuestos que sofocan a los consumidores y a los agentes de la producción.

(*) El Dr. Héctor Raúl Sandler es Profesor Consulto en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. Ha sido titular de Derecho Civil y de Filosofía del Derecho en varias universidades argentinas, mexicanas y norteamericanas. Se desempeño como diputado nacional durante los períodos 1963-1965 y 1973-1976. Es autor de libros sobre política económica, entre los cuales se destacan "Expansión dinámica social", "De la amnistía a la represión", "Alquileres e inflación" y "El desafío argentino: eliminar los impuestos". Actualmente como investigador titular en el Instituto Ambrosio L. Gioja, dirige el proyecto "Derecho para la constitución económica del Mercosur".

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